La Legislación en Materia Turística

El auge y desarrollo del sector turístico en la República Dominicana no se puede atribuir solamente a la belleza de sus paisajes, ni a la construcción de la infraestructura necesaria para su desarrollo. Era imprescindible otorgarle al sector una serie de facilidades, contenidas en leyes de incentivo que garantizaran su rápido crecimiento. La Ley 153 de 1971 sobre Promoción e Incentivo al Desarrollo Turístico puede considerarse como el pilar en el desarrollo de este sector.

En la actualidad se mantiene parte de esta legislación, pero a partir de la promulgación del Código Tributario fueron derogados aspectos muy importantes de la misma.


Es bueno señalar que dicha Ley ha cumplido su misión en este proceso, y que el sector turístico ha conseguido el grado de madurez necesaria para continuar su desarrollo y mantener su competitividad, sin necesidad de ella.

Las leyes de incentivo al turismo antes de la entrada en vigor del Código Tributario

La ley 153 de 1971 sobre Promoción e Incentivo al Desarrollo Turístico.
Esta Ley sentó las bases definitivas para el desarrollo del turismo en la República Dominicana. Con ella, y tal como lo establecía su artículo 1, se pretendía un proceso acelerado y racionalizado del desarrollo de todos los factores que inciden en la industria turística.

Dentro de estos factores se establecía una lista, aunque no limitativa, de proyectos con vocación de beneficio, que incluía a hoteles, moteles, condominios, apartahoteles, áreas de zonas francas, y clubes deportivos, entre otros. Pero en su artículo 4 se establecía que no se beneficiaban de esta Ley las operaciones de simple compra y venta de terrenos en zonas turísticas.

Los incentivos fiscales que otorgaba la Ley 153 de 1971 durante 10 años a las personas físicas o morales radicadas en el país que invirtieran en este sector, ya sea mediante inversiones en capitales nacionales y/o capitales extranjeros registrados de conformidad con la Ley 251 de 1964 y sus modificaciones, o con préstamos en moneda nacional o divisas registradas, eran los siguientes:

La exención del 100% del impuesto sobre la renta; a partir de la Ley 71 de 1986 se dispuso que la inversión o reinversión de las rentas o utilidades no podían exceder anualmente por el conjunto de tales incentivos del 50% de su renta neta imponible. Esta disposición fue nuevamente modificada por el Reglamento 407 de 1988; 
Las exenciones de impuestos sobre la construcción, la constitución de sociedades comerciales o aumentos de capital, de impuestos nacionales y municipales de patentes y espectáculos públicos; 

La exoneración del 100% de los impuestos y derechos de importación y demás gravámenes conexos, incluyendo arancel, impuestos unificados y los de consumo interno sobre los artículos no asequibles en calidad y precios competitivos, de fabricación nacional.

Igualmente se otorgaban otras facilidades como la posibilidad de recibir financiamiento, la garantía de repatriación de las divisas por concepto de amortización de capital e intereses, y la seguridad de un suministro de divisas para importaciones, entre otras.

Para optar por estos beneficios se exigían requisitos como la presentación de un anteproyecto arquitectónico y de ingeniería, estudios de factibilidad económica, permisos municipales y de Planeamiento Urbano.

La aplicación de esta Ley estaba a cargo del Directorio de Desarrollo Turístico, y la fiscalización y control era realizada por la Dirección General de Turismo, actual Secretaría de Estado. Para la ejecución de la Ley se promulgó el Reglamento 1889 de 1980.

Esta Ley fue derogada con la entrada en vigor de la Ley 11-92 que aprobó el Código Tributario, concretamente en su artículo 401. No obstante, el artículo 394 mantuvo vigentes, por determinado período, las exenciones a los proyectos que ya habían sido aprobados por el Directorio de Desarrollo Turístico, prohibiéndose la otorgación de nuevas exoneraciones, salvo las que se pudieran acordar en contratos con el Estado aprobados por el Congreso Nacional.

La legislación vigente

La Ley 84 de 1979, por la cual se crea la Secretaría de Estado de Turismo.
Por mucho tiempo no hubo un criterio uniforme sobre cuál institución debía ejercer las funciones gubernamentales en el área de turismo. De ahí que esta actividad cambiara con frecuencia su dependencia dentro del organigrama oficial. Formó parte, entre otras, de la Secretaría de industria y Comercio, de la Secretaría de Estado de Economía Nacional y de la Gobernación Civil de Santo Domingo.

En 1969, mediante la Ley 541, se crea la Dirección Nacional de Turismo, como un organismo dependiente del Poder Ejecutivo. Entre sus funciones estaban las de fomentar el turismo, supervisar los servicios turísticos, controlar el funcionamiento de las agencias de viaje y turismo, promover la propaganda oficial y estimular la organización del sector turístico.

La dirección y ejecución de la política turística se asienta definitivamente a partir de la Ley 84 de 1979, que crea la Secretaría de Estado de Turismo, y modifica en cuanto fuera necesario la Ley 541 de 1969. Entre las funciones prioritarias de esta Secretaría, tenemos: 

Planear, programar, organizar, dirigir, fomentar, coordinar y evaluar las actividades turísticas del país, de acuerdo con los objetivos y metas de la política nacional que determine el Poder Ejecutivo; 
Programar y promover la industria turística y la inversión estatal y privada en el sector; 
Determinar y supervisar los polos turísticos; 
Orientar el diseño y construcción de obras de infraestructura en dicha industria; 
Dirigir campañas promociónales; 
Controlar a los operadores turísticos; 
Crear, con aprobación del Poder Ejecutivo, oficinas nacionales e internacionales.

De igual manera, esta Ley establece a la Corporación de Fomento de la Industria Turística y Desarrollo Turístico como organismo adscrito a la Secretaría de Turismo, creado por la Ley 542 de 1969, y que tiene por objetivo prioritario coordinar la actividad nacional para el desarrollo de la empresa hotelera y la promoción turística en el país, promoviendo la adquisición, construcción, financiamiento, mejoramiento y conservación de las empresas hoteleras y turísticas en general.

Otra ley que sirve de apoyo a la función institucional del Estado en el sector turístico es la Ley 121 de 1966, que crea las Comisiones de Turismo a nivel nacional y provincial. Estas comisiones tienen la capacidad de hacer recomendaciones de obras de infraestructura turística, pudiendo intervenir en la escala de precios de los servicios turísticos.

Decretos sobre Polos Turísticos

Desde que se inició una política nacional activa en materia turística, se vio la necesidad de establecer cuáles eran las zonas cuyos atractivos reunían las condiciones para desarrollar proyectos turísticos viables y que además produjeran efectos positivos en las economías de esas zonas.

En el "Estudio para el Desarrollo Turístico de la República Dominicana" realizado en el año de 1967 se señala por primera vez la importancia de establecer zonas prioritarias o polos turísticos en el país.

En la actualidad, las áreas consideradas como prioritarias para el desarrollo turístico, calificadas como "Polo Turístico", son:

El polo turístico ampliado de la Región Sur (Decreto 322 de 1991) que abarca las provincias de Barahona, Independencia y Pedernales, incluyendo al Lago Enriquillo; El polo turístico Costa Caribe, que va desde Santo Domingo a La Romana; El polo turístico de Puerto Plata o Costa del Ambar (Decreto 2125 de 1972); El polo turístico de la Región Noroeste (Decreto 16 de 1993), que abarca las provincias de Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde, salvo el Parque Nacional de Montecristi; Macao-Bávaro (Decreto 1256 de 1986); Constanza y Jarabacoa (Decreto 2729 de 1977); Polo turístico de la Península de Samaná; Polo turístico de la Provincia de Peravia (Decreto 177 de 1995). 

Para el desarrollo de los Polos Turísticos el Estado puede ejecutar las siguientes acciones:

Realizar obras de infraestructura; 
Otorgar incentivos; 
Declarar de utilidad pública inmuebles privados ubicados dentro del futuro proyecto; 
Obtener créditos y fondos de instituciones financieras internacionales; 
Arrendar o vender terrenos estatales; 
Autorizar el desvío de calles y la interrupción del tránsito; 
Evitar las maniobras especulativas en los terrenos de la zona.

Legislación sobre Juegos de Azar y Casinos

La Ley 351 del año 1964 considera que una de las formas de contribuir al fomento del turismo y al ingreso de fondos con los que el Estado pueda financiar el desarrollo de este sector es a través del otorgamiento de licencias para la instalación de salas de juego o casinos.

Esta ley, modificada en varias ocasiones, establece en sus artículos los siguientes aspectos: 

Los procedimientos y requisitos necesarios para el otorgamiento de licencias; 
La normativa fiscal en relación a los casinos; de acuerdo a la ley 405 de 1969, que modifica la 351 de 1964 en este artículo, esta actividad se carga con un impuesto único de un 20% sobre los beneficios anuales que obtengan los casinos; 
Se comisiona a la Secretaría de Turismo la supervisión de estos lugares.

La capacidad de juego de los casinos fue ampliada a petición del sector privado, permitiéndose el uso de máquinas tragamonedas con la condición de que su juego estuviera prohibido para los dominicanos (Ley 96 de 1988). Sus normas de uso fueron fijadas por el Reglamento 252 de 1989.

Esta normativa, que regula la actividad de los casinos y juegos de azar, se completa con las regulaciones siguientes: 

El Decreto 3326 de 1978 señala que las apuestas realizadas en los casinos deben hacerse y liquidarse en dólares; 
La octava resolución de la Junta Monetaria, del 19 de febrero de 1987, obliga a los casinos a canjear, en el Banco Central, el resultado de las recaudaciones por apuestas hechas en dólares; 
El artículo 169 del nuevo Código de Trabajo hace inaplicable a los casinos lo establecido en los artículos 166 y 167 sobre cierre de locales los días feriados por motivo de culto religioso.

El Código Tributario

Como ya hemos señalado, el artículo 401 del Código Tributario derogó la Ley 153 de 1971 sobre Promoción e Incentivo al Desarrollo Turístico. De igual forma, el artículo 394 estableció un mecanismo transitorio para los proyectos que ya estaban siendo beneficiados por dicha ley.

Pero este mismo artículo reconoce la posibilidad de que en materia de turismo, agroindustria, foresta y energía, por medio de contratos con el Poder Ejecutivo autorizados por el Congreso, se puedan obtener exenciones sobre las rentas originadas en la propia explotación de la actividad o negocio, por el tiempo y en las condiciones que se estime conveniente para el desarrollo del país. Lo señalado en el artículo 394 del Código Tributario se enmarca dentro de las disposiciones del artículo 110 de la Constitución de la República Dominicana, así como en los poderes que la misma confiere al Primer Mandatario de la Nación, en el inciso 10 de su artículo 55.

Legislación en Materia de Inversión Extranjera

En fecha 20 de Noviembre de 1995 fue adoptada en la República Dominicana la ley 16-95 de Inversión Extranjera, la cual deroga y sustituye la Ley No. 861 de 1978. Esta Ley modifica sustancialmente el régimen de las inversiones extranjeras directas efectuadas en el país, y busca colocar en la medida de lo posible a los inversionistas nacionales y extranjeros en un plano de igualdad, de conformidad con las tendencias actuales de modernización y liberación.

La Ley 16-95 otorga el derecho de repatriar al exterior en moneda libremente convertible, luego del pago del Impuesto Sobre la Renta y sin necesidad de autorización previa:

La totalidad del capital invertido, incluyendo las ganancias de capital; 
La totalidad de los dividendos declarados durante cada ejercicio fiscal; y 
Los montos necesarios para el pago de las obligaciones, honorarios, regalías o royalties resultantes de contratos de transferencia de tecnología o de servicios técnicos.

Para beneficiarse de los derechos otorgados por la Ley 16-95 es necesario registrar la inversión en el Banco Central de la República Dominicana. Sin embargo, se trata de un procedimiento sumamente sencillo que no requiere de autorización previa.

La Ley 16-95 permite el registro de prácticamente todos los tipos de inversión. En efecto, además de los aportes en moneda libremente convertible esta inversión puede consistir en: 

Aportes de naturaleza, como maquinarias, plantas industriales, equipos, repuestos, partes, piezas, entre otros; 
Aportes tecnológicos intangibles o recursos provenientes de la tecnología, tales como marcas de fábrica, asistencia técnica, franquicia y demás; 
Instrumentos financieros expedidos en el exterior de conformidad con las regulaciones que al efecto dicte la Junta Monetaria del Banco Central.

La Ley 16-95 introdujo otro cambio significativo en lo referente al destino de la inversión, ya que establece que ésta puede efectuarse, no sólo en sociedades dominicanas, sino también en sucursales de empresas extranjeras y en instrumentos financieros emitidos por compañías locales. Asimismo, la misma permite el registro de inversión extranjera en áreas previamente prohibidas o restringidas, de conformidad con las condiciones y limitaciones establecidas por las leyes que regulan el sector de que se trate. Las únicas actividades en las cuales la inversión extranjera permanece prohibida son las siguientes:

Disposiciones y derechos de basuras tóxicas, peligrosas y radioactivas no producidas en el país; 
Actividades que afecten el equilibrio del medio ambiente o de salud pública; y 
Producción de materiales y equipos vinculados con la defensa y seguridad nacionales, salvo autorización expresa.