Ley de Protección a los  Agentes Representantes e Importadores

La República Dominicana, como otros numerosos países de América Latina, tiene una ley que otorga una fuerte protección a los agentes y distribuidores dominicanos de productos y servicios extranjeros. La Ley 173, del 6 de abril de 1966 impone grandes indemnizaciones a los fabricantes extranjeros que terminan, unilateralmente y sin justa causa, los contratos de distribución de los agentes y distribuidores debidamente registrados por ante el Departamento Internacional del Banco Central. La fórmula de indemnización es establecida por la misma ley.

En la actualidad, es interesante señalar que no es obligatorio para las compañías extranjeras vender en la República Dominicana a través de agentes o distribuidores. En caso de que una compañía extranjera decida vender directamente, tendría que pagar por daños en caso de que la compañía decida posteriormente prescindir del agente local y mercadear sus productos directamente, salvo que el agente fuera original y explícitamente contratado como un agente no exclusivo.

 
La ley define como "concesionario" toda "persona, física o moral que se dedica en la República a promover o gestionar la importación, la distribución, la venta de productos o servicios, el alquiler, o cualquier otra forma de tráfico, explotación de mercadería o productos de procedencia extranjera, y los servicios relacionados con dichas gestiones ... ya sea que actúe como agente, representante, comisionista, concesionario, o bajo otra denominación".

El elemento clave de la Ley 173 es que es considerada como una ley de orden público que prima sobre los acuerdos contrarios entre los particulares. Las disposiciones del contrato de concesión que establecen los términos de duración o que dan al cedente el derecho unilateral de rescisión son inaplicables bajo la ley. Un contrato de concesión sólo puede ser rescindido por una razón de justa causa, tal y como se define por la ley o por acuerdo amigable entre las partes. Los tribunales dominicanos han sido tradicionalmente muy restrictivos en su interpretación de justa causa en favor de los concesionarios dominicanos.

Para obtener toda la protección de la ley, los concesionarios deben haber registrado sus contratos de concesión por ante el Departamento Internacional del Banco Central dentro del plazo establecido por la ley. Los contratos entre concedentes y concesionarios conservan todo su valor y efectividad, incluyendo las cláusulas que establecen la duración del contrato y el derecho de terminación en favor del fabricante extranjero.

Para saber si un concesionario está o no registrado, el interesado debe dirigir una solicitud escrita al Banco Central, que responderá con una certificación por escrito.

La ley no prevé, de manera explícita, el derecho del fabricante extranjero de nombrar más de un concesionario no exclusivo. En la práctica, el Banco Central registra contratos exclusivos, e igualmente contratos no exclusivos de la misma forma. Para limitar de alguna manera la protección de la Ley, algunos fabricantes extranjeros designan sus concesionarios locales como no exclusivos, para preservar sus derechos de nombrar otros concesionarios sin tener que terminar los contratos con los concesionarios originales. A este respecto, la Suprema Corte decidió que un contrato de concesión que no es expresamente exclusivo, puede llegar a serlo si en el transcurso de los años el concesionario se comporta como tal.

Dentro de lo contencioso, la ley 173 establece un prerrequisito de conciliación antes de que el concesionario pueda entablar una demanda en daños y perjuicios ante el Tribunal de Primera Instancia. Toda persona que haya ayudado al fabricante en la terminación del concesionario, como por ejemplo, un nuevo concesionario, es solidariamente responsable de las reparaciones impuestas por la ley.

Siempre cabe preguntarse si el fabricante tiene el derecho de continuar exportando sus productos mientras dure el litigio. La ley 173 no otorga al concesionario-demandante el derecho de embargar u oponerse a la importación de los productos de su fabricante. No obstante, en la práctica los concesionarios-demandantes con frecuencia prohíben a las aduanas liberar esos productos. En muchos de los casos las aduanas respetan las notificaciones de autos de embargo de este tipo sobre la base de una decisión de la Suprema Corte que estableció que las terceras partes en el embargo (en este caso, las aduanas) no pueden juzgar la validez del auto de embargo y la deben respetar en todos los casos. Según esta decisión, es al deudor embargado (el fabricante) a quien corresponde obtener una decisión en requerimiento que ordene el levantamiento del embargo. 

 

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