Ley General de Reforma de la Empresa Pública

Ámbito de la Ley 

El Artículo 3 de la Ley General de Reforma de la Empresa Pública establece categóricamente las empresas sujetas al proceso de reforma. Estas empresas son:

- las empresas que integran la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE);

- la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE);

- el Consejo Estatal del Azúcar (CEA); y,

- los hoteles que conforman la Corporación de Fomento Industrial Hotelero.

La Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) está compuesta por veinticuatro (24) empresas en las que el Estado es accionista mayoritario, de las cuales doce (12) están cerradas y las demás operan con gran déficit.

Estas empresas son:

1. Atlas Comercial Compañía, C. por A.
2. Compañía Anónima Tabacalera, C. por A.
3. Compañía de Seguros San Rafael, C. por A.
4. Compañía Dominicana de Aviación, C. por A.
5. Chocolatera Industrial
6. Dominicana Industrial de Calzados
7. Fábrica de Aceites Vegetales
8. Fábrica Dominicana de Baterías, C. por A.
9. Fábrica de Clavos Enriquillo
10. Fábrica Dominicana de Cemento, C. por A.
11. Fábrica de Sacos y Cordelerías, C. por A.
12. Industria Nacional del Papel, C. por A.
13. Industria Nacional del Vidrio, C. por A.
14. Marmolería Nacional, C. por A.
15. Molinos Dominicanos, C. por A.
16. Molinos del Norte
17. Minas de Sal y Yeso
18. Pinturas Dominicanas, C. por A.
19. Planta de Recauchado
20. Refinería de Sal
21. Sociedad Inmobiliaria, C. por A.
22. Tecnometal, C. por A.
23. Tenería FA-2, C. por A.
24. Tejidos Antillanos, C. por A.

Se considera que las empresas que más se beneficiarán de este proceso de reforma, atendiendo a que sus respectivas áreas de desarrollo son las más atractivas, son la Compañía de Seguros San Rafael, Compañía Dominicana de Aviación (CDA), Fábrica Dominicana de Cemento, Marmolería Nacional, Molinos del Norte, Compañía Anónima Tabacalera y Minas de Sal y Yeso.

Ciertos servicios no caen dentro del ámbito de la reforma contemplada en esta ley, como es el caso de la privatización y/o arrendamiento de puertos, muelles y del sistema hidroeléctrico nacional. Además la ley, en su artículo tres (3), es clara al momento de establecer cuáles empresas públicas deberán sujetarse a su aplicación y que han sido citadas anteriormente.

Un artículo que debe ser resaltado al momento de establecer el ámbito de esta ley, es el número 25, en donde se plantea que los principios estipulados en esta legislación no se aplicarán a las compañías de transmisión de energía que se establezcan como consecuencia de la aprobación del Proyecto de Ley General de Electricidad.

Aunque en este no se habla de privatización sino de reestructuración, se contempla en el mismo una división del sector eléctrico en áreas de generación, transmisión y distribución. La inversión será permitida en las áreas de generación y distribución, mientras que el área de transmisión quedará en manos del sector público.