Organizaciones empresariales rechazan 33 artículos de la propuesta Ley General de Electricidad

Listin Diario
Miercoles 18 de julio del 2007

SANTO DOMINGO.-La cúpula del empresariado nacional, representada en el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), rechazó las modificaciones propuesta a la Ley General de Electricidad (125-01).

Asimismo propuso la creación de empresas de transmisión y retransmisión eléctrica,  la focalización del subsidio al sector eléctrico y el establecimiento de metas de cobros a las empresas distribuidoras, como medidas para enfrentar los problemas del sector. El presidente del gremio empresarial, Lisandro Macarrulla, expuso el planteamiento del empresariado al proponer una alianza de los sectores público y privado para diseñar un plan que de solución inmediata y sostenible al problema energético, que también abarque el fortalecimiento del sector.

Sugirió, además, implementar la tarifa técnica de electricidad, con el objetivo de transparentar los costos. De igual modo, propone promover y facilitar proyectos de energía alternativa; estudiar la creación de comercializadoras y cooperativas eléctricas, sobre todo en áreas urbanas y sub-urbanas; y generar un clima de confianza y seguridad jurídica y la sana competencia en el sector privado sin contratos directos con el Estado.

Rechazo

El empresariado manifestó su posición de rechazo a la modificación de varios artículos de la Ley General de Electricidad (125-01), debido a que entiende que se pretende hacer cambios en una legislación que no ha madurado pese a tener seis años de aprobada, y a que no se trata de un proyecto sólo para criminalizar el fraude. No se trata de un proyecto de ley para criminalizar el fraude, añadió Macarrulla, debido a que de los 33 artículos del  Proyecto de ley que se pretende modificar sólo hay uno que refiere lo relativo a las disposiciones penales, en su Titulo VIII.

Macarrulla, Manuel Díez, presidente de la Asociación de Industrias (AIRD), y Marisol Vicens, presidenta de la comisión de energía del Conep;  pidieron que se dé participación a todos los sectores en la discusión para modificar la Ley 125-01, en una rueda prensa efectuada en la Torre Empresarial con la asistencia de un gran número de líderes del empresariado.

Macarrulla explicó que los empresarios no han sido convocados a vistas públicas, ni a reuniones. Díez dijo que se ha instaurado un modelo de modificar leyes sin hacer consultas, cuando éstas fueron resultados de consensos. Eso daña, agregó, no sólo al sector eléctrico, sino también a la institucionalidad del país.

Macarrulla indicó que el empresariado, consciente del problema eléctrico y su impacto sobre la competitividad de la economía, propone una alianza entre los sectores público y privado para diseñar un plan inmediato de solución sostenible del tema eléctrico, basado en el fortalecimiento del sector. Hoy se está conociendo, dijo, la modificación de la ley con cambios que van más allá de los dos artículos señalados, lo que genera preocupación al sector empresarial. Indicó que la crisis del sector eléctrico es uno de los más grandes problemas para los dominicanos y que las modificaciones a la ley no son necesarias para la solución de los problemas del sector.

Intereses

Macarrulla afirmó que los problemas del sector eléctrico responden a intereses políticos de los últimos 40 años, por el temor a cargar con el costo de la solución. Dijo que el problema energético es el principal escollo para la competitividad de los sectores productivos. Asimismo, dijo que a todo el que no cumpla con la ley se debe penalizar. Señaló que el empresariado ratifica su posición de que se apruebe únicamente para la modificación relativa al aumento de las sanciones al fraude eléctrico, y rechaza firmemente las importantes y amplias modificaciones que pretenden ser introducidas a la Ley 125-01, bajo la excusa de un proyecto de ley de criminalización sin que haya habido un debate al respecto.

En consecuencia, dijo Macarrulla, solicitaron a los diputados aprobar sólo la modificación relativa a la criminalización del fraude. En tanto que Marisol Vicens, afirma que se ha vendido la criminalización para modificar varios artículos. Reiteró la presidenta de la comisión de energía eléctrica del Conep que el empresariado nacional apoya la criminalización.

Afirman que se pretende volver a la derogada Ley 4115, Orgánica de la CDE, insertando en la Ley 125-01 la mayor parte de sus artículos para retornar a la misma como entidad autónoma inembargable y dotada de amplios poderes, así como establecer en provecho de las distribuidoras la cuestionada arma que tuvo la CDE de concepto de deuda domicilio, lo que haría al propietario de un inmueble deudor responsable de deudas contraídas por otras personas, lo cual no consideran ni justo, ni equitativo.