Gobierno deberá asumir plantas carbón mineral

Listin Diario
Viernes 22 de agosto del 2008

SANTO DOMINGO El sector privado definitivamente no quiere invertir en la generación de electricidad sin la concesión de garantías de inversión y de compra de energía por parte del Estad a precios específicos con contratos amarrados a largo plazo. El proyecto de las plantas a carbón mineral que construiría la empresa china Sichuan en Montecristi está en el aire por la falta de garantías adicionales que se tornarían leoninas. En tanto que el segundo proyecto, que de acuerdo con el administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, sería construido por las empresas Seaboard y Grupo Vicini en Azua, está prácticamente descartado porque esas empresas han calculado que la tasa de retorno es muy baja en el mediano y largo plazos.
Un tercer proyecto de construcción de una planta de carbón mineral de 240 megavatios es el que anunció recientemente la empresa de generación eléctrica EGE-Haina, pero es probable que no se concrete porque ahora sus promotores le exigen a la CDEEE un contrato directo de compra a 20 años, lo cual mantendría al Estado atado a condiciones de garantía obligada de compra de energía.

Ante esa situación el Gobierno está en la encrucijada de que necesita ampliar con urgencia el parque de generación disponible de energía para los próximos años, pero no tiene a la vista ninguna propuesta de inversión en condiciones favorables para el Estado.

¿Qué ha cambiado?
Al evaluar las resistencia del sector privado por hacer nuevas inversiones en la generación surge la interrogante: ¿Por qué AES en el 2001 decidió hacer la inversión en la planta a ciclo combinado de AES Andrés de 300 megavatios a gas natural con una inversión aproximada de US$500 millones y no exigió a cambio contrato de 20 años, garantía soberana del Estado, ni garantía de pago a través de una carta de crédito? Tampoco exigió que fuera garantizada por el Estado a través de la aprobación del Congreso, como hizo la Cogentrix, ni exigió que el Estado le facilitara los terrenos donde la planta se instalaría, ni que le abrieran una cuenta de garantía para el pago de la energía generada.

Pero AES utilizó el apalancamiento del contrato de compra y venta de energía entre Dominican Power Partner (210 megavatios) con las distribuidoras a través del Acuerdo de Madrid para asegurar una tasa de retorno y alcanzar una capacidad instalada de 510 megavatios. Lo positivo es que ese apalancamiento es entre una empresa generadora con las distribuidoras, que en ese momento eran privadas las tres, sin la intervención del Estado como garante.

Inversión estatal
La ley general de electricidad 125-01 no le prohíbe al Gobierno invertir en la construcción de plantas de generación eléctrica de carbón mineral o de gas natural con sus propios recursos o con financiamiento de fuentes diversas. Sin embargo, la disponibilidad de recursos es limitada. Un proyecto de generación de 600 megavatios con base en carbón mineral conlleva una inversión de al menos US$800 millones si se incluyen las redes de transmisión de salida. En caso de que el Gobierno decida construir las plantas de carbón con fondos propios tendría que recurrir a un financiamiento externo de largo plazo y con una tasa de interés baja. Hasta ahora no se han presentado las opciones de financiamiento para ese proyecto.

Una vieja propuesta
El proyecto de construcción de dos plantas de carbón mineral de 600 megavatios no es una idea nueva ni exclusiva de este gobierno. En agosto del año 2004, pocos días antes de que el presidente Hipólito Mejía le entregara el poder a Leonel Fernández, su administrador en la CDEEE, César Sánchez, ofreció unas declaraciones donde hacía la propuesta de las dos plantas generadoras para sostener la demanda futura de energía.Pero en su planteamiento, Sánchez abogaba porque el Gobierno utilizara recursos propios para emprender el proyecto y advertía sobre el peligro de financiarse a través de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el argumento de que responden más a los intereses privados que a los del Estado.